El CIE reclama que la UE evalúe el impacto conjunto de la regulación sobre la competitividad textil
La industria recuerda que Europa necesita hasta 800.000 millones de euros anuales de inversión adicional para cerrar su brecha competitiva y advierte de que la acumulación normativa puede reducir la capacidad inversora de las empresas
El Consejo Intertextil Español reclama que las instituciones europeas incorporen la competitividad industrial como un criterio central en el diseño y la aplicación de las nuevas normativas que afectan al sector textil.
La industria comparte los objetivos de sostenibilidad, trazabilidad, digitalización, seguridad de producto y economía circular impulsados por la Unión Europea. Sin embargo, las empresas están asumiendo, en un periodo muy reducido, un número creciente de obligaciones que afectan simultáneamente a prácticamente todas las áreas de su actividad.
El ecodiseño, la trazabilidad, el Pasaporte Digital de Producto, la responsabilidad ampliada del productor, la diligencia debida, el reporting y los nuevos requisitos ambientales responden a objetivos necesarios. El problema aparece cuando estas obligaciones se acumulan con calendarios distintos, desarrollos técnicos incompletos y criterios todavía poco definidos.
Europa necesita inversión, no más frenos
El informe The Future of European Competitiveness, elaborado por Mario Draghi para la Comisión Europea, estima que la Unión Europea necesita entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales de inversión adicional —el equivalente al 4,4-4,7 % del PIB europeo— para cumplir sus objetivos y cerrar su brecha competitiva.
En este contexto, el CIE considera imprescindible que las nuevas obligaciones no reduzcan precisamente la capacidad de las empresas para invertir, innovar, ganar dimensión, mejorar su productividad y mantener actividad industrial en Europa.
La propia Comisión Europea ha situado la simplificación normativa entre sus prioridades de competitividad. Su objetivo es reducir la carga administrativa al menos un 25 % para el conjunto de las empresas y un 35 % para las pymes, con un ahorro esperado de 37.500 millones de euros en 2029.
Un impacto que va más allá del coste económico
La aplicación de nuevas obligaciones exige tiempo, personal especializado, adaptación de procesos, recopilación y gestión de información, sistemas tecnológicos e inversiones productivas. Estos recursos dejan de estar disponibles para modernizar instalaciones, desarrollar productos, abrir mercados o mejorar la productividad.
Esta presión resulta especialmente relevante en el sector textil, formado mayoritariamente por pymes y empresas industriales de dimensión media que no siempre cuentan con estructuras internas capaces de asumir simultáneamente nuevos requerimientos jurídicos, técnicos, ambientales y digitales.
La carga regulatoria también tiene efectos medibles. La OCDE ha señalado que el aumento de los recursos destinados al cumplimiento normativo se asocia con una reducción de la productividad laboral y con un menor peso del empleo en empresas jóvenes.
En España, el Banco de España recuerda que solo en 2022 se aprobaron 11.775 nuevas normas, una cada 45 minutos, y advierte de que las empresas pequeñas son especialmente sensibles al incremento de la regulación.
Evaluar antes de legislar
El Consejo Intertextil Español defiende que la Unión Europea debería analizar no solo el impacto individual de cada nueva norma, sino también su interacción con las obligaciones ya aprobadas o en preparación.
Antes de incorporar nuevos requisitos, las instituciones deberían evaluar:
- El coste administrativo y tecnológico.
- Los recursos humanos necesarios.
- Los plazos de adaptación.
- El efecto conjunto sobre la competitividad.
- Las consecuencias específicas para las pymes industriales.
Este análisis permitiría detectar duplicidades, evitar exigencias contradictorias, coordinar calendarios y simplificar los procedimientos de información y cumplimiento.
Para el CIE, la simplificación no debe entenderse como una rebaja de los objetivos europeos, sino como una condición para aplicarlos de forma eficaz sin debilitar la base productiva.
Obligaciones con impacto real
Algunas de las transformaciones previstas permiten dimensionar la magnitud del reto. Un análisis de Boston Consulting Group estima que escalar el reciclaje textil a textil en Europa hasta el 15 % en 2035 requeriría entre 8.000 y 11.000 millones de euros de inversión inicial, además de entre 5.000 y 6.500 millones anuales en costes operativos.
El documento europeo de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para la industria textil, publicado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, también confirma que las exigencias ambientales afectan a procesos productivos concretos y que los costes y beneficios de aplicar determinadas técnicas dependen en gran medida de la situación específica de cada planta.
Estos ejemplos muestran que las nuevas obligaciones deben ir acompañadas de financiación suficiente, plazos realistas, seguridad jurídica, apoyo técnico y criterios de aplicación adaptados al punto de partida de las empresas.
Sostenibilidad y competitividad deben avanzar juntas
El CIE también reclama mayor estabilidad y previsibilidad normativa. Las inversiones industriales suelen planificarse con horizontes de varios años y requieren conocer con suficiente antelación las condiciones técnicas, económicas y regulatorias que deberán cumplir las empresas.
Asimismo, la Unión Europea debe garantizar que todos los productos comercializados en su territorio, con independencia de su origen o canal de venta, estén sujetos a requisitos equivalentes y a controles efectivos.
“Europa no puede reclamar más inversión industrial y, al mismo tiempo, multiplicar obligaciones que reducen la capacidad de las empresas para invertir. La regulación debe ayudar a transformar la industria, no debilitarla”, concluye el presidente del CIE, José M.ª Mestres.